viernes, 6 de mayo de 2011

¿Justicia constitucional bastarda? Editoriales La Razón, El País, ABC....

 Lo consiguieron. La felonía que tod@s esperábamos ya es política y jurídicamente legal...



Bastardo; Dícese del hijo nacido fuera de matrimonio o ilegítimo, de padre desconocido

Hijo = El pueblo llano.
Matrimonio = Jueces y políticos
Padre desconocido = Terroristas batasunos y afines enmascarados.


 Editorial La razón.

Los peores pronósticos se han cumplido: el brazo político de ETA ha recibido luz verde para presentarse a las elecciones del próximo día 22 y, de este modo, colarse otra vez en las instituciones y controlar decenas de ayuntamientos. 

El Tribunal Constitucional así lo decidió ayer al filo de la medianoche al legitimar el grueso de las listas electorales de Bildu. Esta sentencia anula la dictada por el Tribunal Supremo la pasada semana, lo que supone un grave enfrentamiento institucional que debilita el Estado de Derecho y fragiliza la seguridad jurídica. Aunque no sea la primera vez que ambos tribunales chocan con estrépito, en este caso los daños son de excepcional dimensión porque afectan a la lucha contra el terrorismo y significan un retroceso en el aislamiento institucional a su entramado político y social. Con su decisión de ayer, el Constitucional ha dado vía libre a que pueda repetirse el error que supuso hace exactamente cuatro años permitir la entrada en los ayuntamientos vascos y navarros a miembros de ANV, los mismos que, con el tiempo, terminaron convirtiéndose en voceros de las consignas de ETA. 

Ni siquiera la reunión conocida ayer entre miembros de la banda terrorista y los nacionalistas de EA para articular la estrategia que permitiera a los batasunos colarse en las instituciones, ha sido motivo suficiente como para determinar la ilegalidad de la coalición abertzale. La deslegitimación del TC ha alcanzado un grado tal que o bien los partidos políticos pactan una reforma radical del tribunal para que su sistema de elección y sus funciones se ajusten al espíritu de la Constitución, en vez de degenerar en tribunal de casación frente al Tribunal Supremo, o los daños que provocará en la trabazón institucional tendrán consecuencias irreversibles. En el plano político, también tendrá repercusión el doble lenguaje que desde un principio han empleado los dirigentes socialistas respecto a la legalización de Bildu. Así, mientras por un lado Rubalcaba daba satisfacción al PP al impugnar todas las listas, por otro los socialistas vascos, catalanes y no pocos del propio PSOE presionaban abiertamente en favor del brazo político de ETA. 

En qué medida el fiasco resquebrajará otra vez el Pacto Antiterrorista no tardaremos en comprobarlo. En todo caso, cabe esperar del PP que extraiga las conclusiones de un episodio en el que sus expectativas han sido burladas y que reaccione política y legalmente con determinación. Más aún, tiene la obligación, porque así lo piden sus votantes y las víctimas del terrorismo, de hacer todo lo posible para neutralizar la malhadada sentencia del Constitucional. Tiene tiempo e instrumentos legales suficientes. 

Gracias a la última modificación de la Ley de Partidos es posible ilegalizar una formación si su comportamiento revela complicidad o apoyo a ETA. Por tanto, el proceso para expulsar a los batasunos de los ayuntamientos y organismos forales no termina con la sentencia del Tribunal Constitucional, sino que sigue vivo con la vigilancia atenta a la actuación de Bildu, de sus dirigentes y de sus cargos electos. Y al menor indicio de que favorecen a los terroristas, o los justifican o los exaltan, se ha de instar su ilegalización de forma inmediata.


Editorial El País.

Bildu podrá concurrir a las próximas elecciones municipales y forales del País Vasco y Navarra. El Tribunal Constitucional ha dado vía libre a todas candidaturas de la coalición en una decisión sin precedentes que supone dar de lado a los postulados jurídicos que sostuvieron hace solo cinco días los magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo. 

Finalmente, la mayoría del pleno del Constitucional ha inclinado la balanza a favor de los que veían complejo bloquear el paso a una coalición formada por dos partidos legales (Eusko Alkartasuna y Alternatiba) e independientes procedentes de la izquierda abertzale. A la espera de un análisis profundo del fallo, parece evidente que los magistrados tampoco han tenido en cuenta el informe de la Guardia Civil presentado en el último momento sobre la supuesta reunión mantenida en 2009 entre EA y ETA que la primera formación ha desmentido. Es un informe del que cabe esperar las explicaciones oportunas.
El fallo, adoptado por una apretada mayoría de seis contra cinco, revela la misma división ideológica, y no solo jurídica, que se registró el domingo pasado entre los magistrados del Supremo. La decisión supone, en todo caso, un rechazo a la doctrina preventiva que el Supremo aplicó al entender que las listas respondían a una estrategia de ETA.

La cuestión de fondo que debía dirimir el Constitucional era determinar si la prueba que llevó a 9 de los 16 magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo a anular las 254 candidaturas de Bildu -documentos atribuidos a ETA y a la ilegalizada Batasuna de los que se deduciría que tanto Bildu como Sortu responden a un designio suyo- tenía suficiente solidez como para negar a sus componentes el derecho constitucional a la participación política y al sufragio pasivo. 

El fallo revela, en línea con la postura mantenida por la minoría de magistrados del Supremo, que esa prueba era una hipótesis de trabajo no sustentada en hechos e indicios contrastados, además de no tener en cuenta los últimos movimientos habidos en la izquierda abertzale a favor de las vías politicas y democráticas y en contra de la violencia. Frente a quienes temen que los terroristas hayan logrado finalmente participar en las elecciones, como esgrime una parte de la derecha, cabe interpretar también que los jueces dejan la puerta abierta a la izquierda abertzale más moderada que se ha distanciado de la violencia y ha pactado sus candidaturas con dos partidos legales de incuestionables principios democráticos.

Puede haber dudas sobre si políticamente es acertado abrir en este momento las instituciones a gentes de la izquierda abertzale o no habría sido mejor esperar. Pero el dilema ha sido resuelto en el ámbito jurídico, donde estaba planteado, y lo que cabe esperar de la decisión es que la aprovechen sus beneficiarios para persistir en su empeño de utilizar las vías democráticas y ganarse esa credibilidad que muchos siguen cuestionando.

Editorial ABC. El TC se cree a ETA - Batasuna. 
 LA peor de las opciones ha sucedido con la decisión del Tribunal Constitucional —por un estrechísimo margen de seis a cinco— de revocar la anulación de las candidaturas de Bildu, sentenciada por la sala del 61 del Tribunal Supremo.

 El Estado ve así frenado su proceso de desmantelamiento de la estructura «política» de ETA, que recibe un balón de oxígeno en el último segundo de una historia que podría haber supuesto el fin del terrorismo en las instituciones vascas. Ésta es la situación que ahora se habría consolidado si el TC hubiera tomado en consideración la realidad de los hechos, la fuerza de las pruebas y las lecciones de la experiencia. 

La sentencia del TC —propiciada por la intervención sobrevenida de su pleno, en el que la mayoría «progresista» se ha impuesto— devuelve la lucha contra ETA a las épocas en las que se creía que ETA y sus títeres políticos eran cosas distintas y en las que se pensaba —por cobardía o buena fe, o ambas cosas— que la expulsión de los terroristas sólo serviría para aumentar sus coartadas. 

Pues bien, ETA ha estado treinta años en las instituciones vascas y su presencia sólo ha rendido beneficios a sí misma. Únicamente se avanzó realmente hacia la paz cuando los terroristas fueron expulsados del Parlamento por aplicación de la ley de Partidos Políticos. Fue entonces posible plantearse el cambio político, cuando un socialista llegó a Ajuria Enea gracias a los votos del Partido Popular, el nacionalismo pasó a la oposición y el discurso de ETA sobre el «conflicto» empezó a perder fuerza. Cambio político que puede tener las horas contadas.

Sólo faltaba el empujón que el TC no ha querido dar para que la democracia fuera realmente plena en el País Vasco. Su decisión frustra las expectativas de quienes anhelan la derrota incondicional y completa de ETA, pero alimenta la de quienes temen esa derrota. Lamentablemente, no sólo ETA y el PNV —siempre, a las duras, juntos— deseaban esta sentencia del TC. También los socialistas que viven con vértigo o con miedo o con prejuicio que el fin de ETA pudiera venir, tal y como estaba llegando, de la mano de la ley y de la justicia, sin negociaciones ni diálogos que rehabilitaran el intento de 2005-2007 y desautorizaran la política de firmeza que siguen asociando a Aznar. 

Ya tienen a ETA cuatro años más en las instituciones, que sólo van a servir para que los terroristas consoliden su posición chantajista en una hipotética negociación con el Estado. Porque ETA, director de orquesta de los partidos integrados en Bildu, no está por la labor de un proceso de rendición o de desaparición. A lo sumo busca una fórmula para perpetuarse política y socialmente, sin tener que rendir cuentas ante los tribunales y eludiendo su condena histórica. Y para eso necesita la mascarada política que ha bendecido el TC.
Ahora se verá si, además, el PNV decide ayudar al Gobierno socialista en su agonía final, lo que sólo abonaría sospechas de que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero decía una cosa, pero le interesaba la contraria. El vocerío socialista sobre Bildu distó mucho de ser espontáneo. Los que criticaban al Supremo y pedían la revocación de su sentencia actuaron con extraordinaria contumacia y seguridad. Como si tuvieran la certeza de que realmente su criterio era el que querían el PSOE y el Gobierno. Las piezas pueden empezar a encajar rápidamente, aunque algunas queden fuera de juego, como el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tanto por la decisión del TC, como por la deslealtad que le ha dispensado una parte de su propio partido.

Por eso, la sentencia del TC tendrá consecuencias políticas, aplazadas o no por razones electorales, porque sería ingenuo pensar que en esta situación sólo ETA, Bildu y el PSOE tienen algo que decir. La Ley de Partidos Políticos y las reformas electorales antiterroristas de principios de este año han quedado inutilizadas por la sentencia del TC. Si los informes policiales, si las demandas de Fiscalía y Abogacía del Estado y si la sentencia de la Sala del 61 que declaran que Bildu es ETA no sirven para excluir sus candidaturas, entonces todo el sistema legal de protección de la democracia frente al terrorismo se ha venido abajo.

El acuerdo antiterrorista también sale perjudicado por la sentencia del TC en la medida en que ha sido precedida de una ceremonia de confusión celebrada por los socialistas, que parecen creer en el don de la ubicuidad: recibir los votos del PP en el País Vasco y apoyar las tácticas políticas de ETA ante los Tribunales. Parece llegado el momento de que los populares se pregunten —y actúen en consecuencia de la respuesta— si es posible apoyar a un lendakari cuyo partido quería que Bildu —es decir, ETA/Batasuna— se presentara a las elecciones.

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