La Junta niega a la jueza de los ERE los secretos del Consejo de Gobierno
¡QUÉ GENTUZA DE POLÍTICOS!
La gente normal nos preguntamos:
SI SON INOCENTES, SI NO TIENEN NADA QUE ESCONDER...
¿POR QUÉ NO COLABORAN? La «transparencia» que pregona la Junta de Andalucía en el caso de los ERE irregulares tiene límites. Hasta ahora, el más conocido era su negativa a una comisión de investigación en el Parlamento. Desde ayer, suma otro: no entregará al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 como exige la jueza, Mercedes Alaya.
El Ejecutivo andaluz acordó en su reunión semanal remitir un requerimiento de incompetencia a la magistrada por el que rechaza su petición argumentando que vulnera la Ley 6/2006 de Gobierno de Andalucía, ya que las deliberaciones del Consejo de Gobierno tienen carácter secreto y que el levantamiento de reserva es una potestad propia.
La Junta le ofrece una alternativa: enviarle una certificación de acuerdos o informes concretos tratados en el Consejo de Gobierno sobre los asuntos que la jueza considere relevantes. Si la jueza persiste en su solicitud, el Ejecutivo de Griñán avisa de que interpondrá un conflicto de jurisdicción ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, sala que reside en el Tribunal Supremo. Y ya ha advertido de que «tenemos argumentos jurídicos de primer nivel para que nos dé la razón». Según la consejera de Presidencia, Mar Moreno, la solicitud de la instructora es «inédita, no discrimina y no está motivada».
La lectura del auto de 21 de marzo apunta que la jueza intuía que se trataba de información sensible. De hecho, requiere las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 «documentación que una vez examinada será incorporada la que sea relevante para la investigación, devolviéndose el resto, dado el carácter de la misma». La jueza quiere saber si el Consejo de Gobierno conoció los reparos de la Intervención a la gestión de los fondos de los ERE.
Y ahora Anticorrupción sí investiga
Más vale tarde que nunca, podrán decir los advenedizos. La Fiscalía Anticorrupción anunció ayer que ha asumido la investigación sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) de la Junta, según informaron a Ep fuentes del Ministerio Público. La causa llegó al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla allá por abril de 2009. El organismo estatal se presenta, pues, como actor en el asunto casi dos años después de que estallaran las irregularidades, en principio, en Mercasevilla y cuando las diligencias han pasado a formar parte de la cotidianidad nacional, sobrepasando lo que nació como una trama de petición de comisiones en una empresa mixta de Sevilla.
La Junta le ofrece una alternativa: enviarle una certificación de acuerdos o informes concretos tratados en el Consejo de Gobierno sobre los asuntos que la jueza considere relevantes. Si la jueza persiste en su solicitud, el Ejecutivo de Griñán avisa de que interpondrá un conflicto de jurisdicción ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, sala que reside en el Tribunal Supremo. Y ya ha advertido de que «tenemos argumentos jurídicos de primer nivel para que nos dé la razón». Según la consejera de Presidencia, Mar Moreno, la solicitud de la instructora es «inédita, no discrimina y no está motivada».
La lectura del auto de 21 de marzo apunta que la jueza intuía que se trataba de información sensible. De hecho, requiere las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 «documentación que una vez examinada será incorporada la que sea relevante para la investigación, devolviéndose el resto, dado el carácter de la misma». La jueza quiere saber si el Consejo de Gobierno conoció los reparos de la Intervención a la gestión de los fondos de los ERE.
Y ahora Anticorrupción sí investiga
Más vale tarde que nunca, podrán decir los advenedizos. La Fiscalía Anticorrupción anunció ayer que ha asumido la investigación sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) de la Junta, según informaron a Ep fuentes del Ministerio Público. La causa llegó al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla allá por abril de 2009. El organismo estatal se presenta, pues, como actor en el asunto casi dos años después de que estallaran las irregularidades, en principio, en Mercasevilla y cuando las diligencias han pasado a formar parte de la cotidianidad nacional, sobrepasando lo que nació como una trama de petición de comisiones en una empresa mixta de Sevilla.
Comentarios
Publicar un comentario