domingo, 20 de marzo de 2011

«En Andalucía ha trincado hasta el gato»

 Protagonistas y testigos directos de la corrupción en el feudo socialista rememoran con ABC treinta años de un régimen que ahora vive su ocaso.



Cuando el 30 de diciembre de 1989, el entonces alcalde socialista del municipio gaditano de Barbate, Serafín Núñez, reconocía ante el Pleno municipal que Juan Guerra —hermano del vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra— estaba 

detrás del desbloqueo del proyecto urbanístico «Puerto de la Plata», abría la primera página de una historia de corrupción en Andalucía. Una larga e intensa historia, que hoy ha saltado al primer plano de la actualidad nacional con el escándalo de los ERE irregulares y el fraude de los cursos de formación, pero que en esta Comunidad autónoma ha sido una constante a lo largo de los treinta años de gobierno del PSOE.
Testigos de estas tres décadas de tráfico de influencias y connivencias con el poder hay muchos, pero en todos ellos hay un denominador común: el deseo de conservar el anonimato. A unos no les importa recordar, siempre que sea en la sombra. Otros ni siquiera eso. ABC ha estado con algunos de ellos. Este es el relato, en primera persona, de lo que ha sido el funcionamiento interno de un régimen, el de los socialistas en Andalucía, que hoy vive su particular ocaso.
A Serafín Núñez, aquel escándalo político que derivó en el «Caso Guerra» y que terminó derribando al Gobierno de Felipe González, le pasó una altísima factura. A punto estuvo de costarle la vida, dos infartos, cuatro paradas cardiorrespiratorias y, como el mismo dice a ABC, «vivo con el corazón lleno de muelles». Hoy, con 62 años, sigue residiendo en Barbate, «como siempre», en una casa de 70 metros cuadrados y vive con una pensión, porque él asegura que «siempre he sido una persona honrada y honesta, ahí está mi currículum». Aquella historia, que abrió en canal toda una trama de comisionistas e intermediarios en el seno de la Junta, es «ya pasado» para Serafín.

 

«Cosas malas»

Su dolencia cardiaca le impide recordar. «Lo siento, no puedo hablar de este tema porque me trae cosas malas». No puede conceder entrevistas, por recomendación médica, y se disculpa ante ABC: «No tengo otra alternativa que pasar página, para mí lo mejor es el silencio y la tranquilidad. Esa historia es ya pasado y la causa que me ha provocado estos problemas de salud. Me tocó vivir esa situación y lo he aceptado sin culpar a nadie».
La confesión de Serafín Núñez, que posteriormente abandonó el PSOE y volvió a gobernar Barbate como independiente hasta que sufrió el primer infarto, dio al traste con una inversión de unos 8.000 millones de las antiguas pesetas para un complejo de hoteles de lujo, tres mil viviendas y zonas comerciales sobre una superficie de 199 hectáreas, de las que 130 pertenecían a una zona militar denominada «El Retín» del Ministerio de Defensa, que Juan Guerra negoció para poder recalificarlas y convertirlas en urbanizable.
Detrás de aquella operación urbanística en el litoral gaditano había más. El caso «Puerto de la Plata» era la punta de lanza de otros grandes proyectos en la misma zona, de dudosa y nula legalidad, como luego lo confirmaron los tribunales de justicia, y todo ellos bajo la protección de intermediarios, con vinculaciones directas con altos cargos del Partido Socialista. Muy cerca de Barbate, en el municipio de Vejer, se levantó otro complejo deportivo y de ocio, «Montenmedio», promovido por Antonio Blázquez, un peculiar empresario del que siempre se dijo que mantenía una estrecha amistad con Felipe González.

 

Amenazas.

Si esa amistad era cierta o no, solo ellos lo saben, pero lo cierto es que se levantó bajo impunes amenazas de chantaje a alcaldes de la zona para que concedieran las licencias urbanísticas, que en muchos casos no se otorgaron. Les dio igual. Se violaron leyes forestales desbrozando caminos y desafiando multas de la Junta de Andalucía, que miró para otro lado. Al final, una sentencia judicial obligó a tirar el edificio principal de este complejo porque se edificó sin licencia.
Quienes levantaron en su día la voz, como Serafín Núñez, hoy tampoco quieren hacerlo, no por enfermedad sino porque su vida ya es otra, como así lo reconoce a ABC un ex alcalde andaluz: «Me ha costado mucho trabajo volver a la normalidad, a mi trabajo, olvidar todo aquello». Este testigo directo de amenazas, chantajes y presiones, se siente muy orgulloso de lo que hizo en su día: «Denuncié lo que tenía que denunciar, honrada y honestamente, pero ya no quiero saber nada de aquello».
El caso Juan Guerra fue el más llamativo de aquella época, y supuso, según asegura a ABC un ex alto cargo socialista, la «segunda fase» de una corrupción que comenzó de una «forma chusca y safia» con la implantación de los ayuntamientos democráticos. «Aquello era un jardín de infancia si lo comparamos con lo que estamos viendo ahora», señala este testigo, que recuerda, como ejemplo de estas corruptelas de poca monta, pero que reflejan claramente los primeros escarceos, «lo que le sucedió a un alcalde de Sevilla, al que un empresario le regaló una moto por haberle adjudicado una gasolinera, y la tuvo que esconder en un garaje porque le daba corte sacarla por el pueblo».

 

Espacios de corrupción.

De aquellos regalos en forma de «una Ducati para unos y dos trajes para otro», a mediados de los 80 se dio un salto cualitativo. Los partidos políticos acceden a grandes cuotas de poder y a muchos recursos. Llegan a Andalucía ríos de dinero para la obra pública. Entonces, comienzan a desarrollarse grandes espacios de corrupción, con unas características de bisoñez. «Aparece el comisionista, porque el político no quiere mancharse, y el intermediario, pero estos generan grandes problemas, ya que, al pagarse las comisiones en dinero B, no se sabe si llega todo lo que se paga o el comisionista se queda con una parte».
El caso más emblemático de esta corrupción fue el «Caso Ollero». Una historia de pillos, comisionistas y listos, que salta en 1992 cuando la Policía detiene en la carretera nacional IV a Jorge Ollero, hermano del entonces director general de Carreteras de la Junta de Andalucía, Manuel Ollero, con un maletín que contenía 22 millones de pesetas en metálico, que se correspondía con el pago de una comisión por la adjudicación a la empresa Ocisa del tramo Las Pedrizas-Salinas de la Autovía del 92 entre Sevilla y Granada. La Audiencia de Sevilla juzgó el caso y absolvió al consejero de Obras Públicas de la Junta, Juan José López Martos, y condenó al ex director general de Carreteras, su hermano y los directivos de Ocisa. Posteriormente, el Tribunal Constitucional declaró nulas las escuchas telefónicas que sirvieron para condenar a los implicados. ABC ha podido saber que, en el «Caso Ollero», la realidad es que había un intermediario, «el que pedía la mordida», que tenía un trabajador a sueldo dentro de la Consejería de Obras Públicas que le informaba de las empresas a las que les adjudicaban las obras y se adelantaba a la comunicación oficial para hacer ver que gracias a él se la habían concedido, y se llevaba la comisión.
Los testigos de entonces dicen que fue el propio presidente de la Junta, Manuel Chaves, desde un bar de Camas (Sevilla), quién ordenó detener a Jorge Ollero. Nunca ha podido demostrarse que Chaves tuviera participación en este caso, ni en otros, y siempre ha estado a salvo de los miles de casos de corrupción que se han producido durante su largo mandato.

 

Maletines.

El ir y venir de maletines fue el día a día de aquellos años de esplendor de la obra pública. «Aquí trincaba hasta el gato», cuenta a ABC uno de los protagonistas de las corruptelas, ya muy alejado de este mundo de la comisión y el tráfico de influencias, que incluso va más allá y asegura que «el dinero se recogía en los cuartos de baño de los hoteles» . Sus recuerdos son tan elocuentes que dan una idea de la impunidad con la que se movían en aquellos años, «yo vi a un empresario llamar a un ministro y hacerse pasar por Alfonso Guerra para conseguir cosas».
Pero la corrupción en la obra pública no fue la única. La llegada de fondos europeos para el desarrollo rural a Andalucía, al ser una región considerada objetivo preferente para facilitar su desarrollo, también fomentó toda clase de corruptelas y uso partidista de estas subvenciones, por parte del PSOE y de los ayuntamientos que gobernaba. Una inyección de cuatro mil millones anuales era un pastel muy goloso para dejarlos pasar sin conseguir beneficio alguno.
«Llegaron a construirse tanatorios con fondos de desarrollo regional, hasta sedes de sindicatos», asegura un testigo directo de la utilización de estos fondos. «Algunos ayuntamientos pretendían financiarse con el dinero del desarrollo rural, y los responsables políticos veían la posibilidad de dominar el sector agrario a través de estos fondos comunitarios», comenta esta misma fuente, que reconoce que cada vez que se tenían que justificar los fondos ante la Unión Europea «había problemas e incluso se presentaron denuncias». Uno de los instrumentos para controlar estos fondos eran los denominados Grupos de Desarrollo Local, que se constituían en aquellas zonas donde se invertía el dinero de la UE, y en las que estaban presentes los alcaldes: «Estos fondos se utilizaban de forma partidista, ya que los alcaldes querían controlar el dinero».

 

Corrupción en el campo.

El campo andaluz también ha sido siempre una tierra fértil donde ha crecido la corrupción. El caso más conocido fue el fraude del famoso PER (Plan de Empleo Rural), que terminó condenando a alcaldes andaluces por firmar peonadas falsas para que los trabajadores pudieran llegar al mínimo exigido para cobrar esta subvención. Incluso hubo una redactora de ABC de Sevilla, Encarna Freire, que se hizo pasar por jornalera para comprar peonadas falsas, demostrando la existencia de un «mercado negro» de compra-venta de peonadas, a cambio de dinero.
Otro ejempleo de esta corrupción en el campo, la desveló ABC después de investigar la denuncia de un ex dirigente del sindicato agrario COAG, afín al PSOE, que recibió dinero a traves de una empresa pública de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía (DAP) para montar revueltas contra el Gobierno del Partido Popular. A este dinero había que sumar cientos de ayudas para cursos de formación e informes que se encargaban a empresas de los propios dirigentes de este sindicatos. Un dinero al margen de la distribución oficial de fondos, que se hacía de forma consensuada con el resto de los sindicatos agrarios.

 

Mariscadas, chantajes y ERE fraudulentos.

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