El negocio del aborto de Morín
El negocio del aborto de Morín
Pasó de vivir en un barrio humilde de Perú a tener un Ferrari y una casa de 4,2 millones en Barcelona
MADRID-Las jóvenes que acudían a las clínicas que el peruano Carlos Guillermo Morín pagaban entre 3.000 y 6.000 euros por detener su gestación. Al supuesto ginecólogo no le importaban ni la edad ni las semanas de embarazo que llevaban, este punto sólo era relevante para elevar el precio de la interrupción. Como adelantó ayer LA RAZÓN, la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, ha imputado al médico y a una docena de sus colaboradores un total de 115 abortos ilegales, realizados más allá de las catorce semanas de gestación y presuntamente practicados en sus dos clínicas en 2007.
Las interrupciones que se practicaban en Barcelona terminaban con la vida de fetos de hasta 30 y 35 semanas –a las 40 las mujeres salen de cuentas–. En 2005, la clínica Ginemedex, una de las más activas, facturó 1,5 millones de euros. La propia jueza reconoce en el auto que los «ingentes ingresos» que obtenía le permitían llevar «un elevado nivel de vida». Con este dinero y el que le reportaban el resto de centros, Morín vivía, y aparentemente vive, en una de las zonas más pudientes de Barcelona. En Sant Cugat del Vallés, en un chalé con vistas a un campo de golf. Nada que ver con su origen humilde. Antes de viajar a España Morín vivía en el humilde barrio de Trujillo en Lima. Su patrimonio actual, fraguado gracias a terminar con la vida de neonatos, podría calificarse de pequeña fortuna ya que los agentes inmobiliarios tasan su casa en 4,2 millones de euros. A su caserón, con jacuzzi, piscina y un amplio jardín, hay que añadir sus coches de lujo, entre ellos un Ferrari. Las chicas que pasaban por sus manos le pagaban en dinero negro, por lo que las auditorías nunca revelaban la verdadera cuantía que movía el peruano y su esposa, María Luisa, que pasó de ser su paciente a su mayor apoyo.
Hoy, la jueza que instruye el caso concluye que las clínicas Ginemedex, TCB y CBMMC practicaban el aborto con la asistencia de cinco ginecólogos, tres anestesistas y dos psiquiatras que trabajaban en las clínicas para «dar apariencia de legalidad con sus supuestos informes psiquiátricos», como refleja la investigación de la jueza Elisabeta Castelló, la instructora del caso. No sólo se juzga al dueño de las clínicas de abortos ilegales. A este cargo se añade intrusismo profesional, reunión ilícita y falsedad documental. Este punto es una de las novedades que aporta la investigación de la jueza de Barcelona, ya que refleja que numerosos documentos que atestiguaban problemas psicológicos eran falsos. Están en blanco, «muchos de ellos están sin firmar», asegura Pérez Roldán.
La jueza ha dado diez días a la acusación particular –E Cristians, el Colegio de Abogados de Barcelona, el partido Alternativa Española y la asociación Tomás Moro– para presentar sus escritos. Poco tiempo para los cuatro delitos de los que quieren acusar a los 13 imputados en el caso. «Se juzgan 115 abortos ilegales y queremos denunciar a los participantes en estos hechos de cuatro delitos. No sabemos si podremos tener preparado toda la documentación», explica Carlos Pérez Roldán, vicepresidente del Centro Jurídico Tomás Moro. Otro punto clave de la investigación es el papel de las jóvenes que interrumpieron sus embarazos. «Ellas creían que reunían las condiciones para poder interrumpir su gestación, por eso es relevante que la jueza haya decidido no imputarlas y archivar el proceso contra todas ellas», añade el letrado. Las asociaciones pro vida no han ocultado su satisfacción por la decisión. Manuel Cruz, presidete de Fundación Vida, asegura que «nos acerca al realismo que merece el problema del aborto». Desde Red Madre, Esperanza Puente pide «que se haga Justicia porque este hombre ha hecho lo que le ha dado la gana durante muchos años con esa indigna profesión. Que lo pague con la cárcel» añade.
A Elisabeta Castelló, la jueza instructora, todavía le quedan asuntos por resolver. En especial la presunta evasión fiscal que abría cometido Morín, porque desviaban «importantes ingresos» a sociedades de Luxemburgo. Por ello, en diciembre de 2008 la magistrada interrogó a jóvenes extranjeras que interrumpieron su embarazo en alguna de las clínicas catalanas de las que el peruano ha obtenido toda su fortuna.
Las interrupciones que se practicaban en Barcelona terminaban con la vida de fetos de hasta 30 y 35 semanas –a las 40 las mujeres salen de cuentas–. En 2005, la clínica Ginemedex, una de las más activas, facturó 1,5 millones de euros. La propia jueza reconoce en el auto que los «ingentes ingresos» que obtenía le permitían llevar «un elevado nivel de vida». Con este dinero y el que le reportaban el resto de centros, Morín vivía, y aparentemente vive, en una de las zonas más pudientes de Barcelona. En Sant Cugat del Vallés, en un chalé con vistas a un campo de golf. Nada que ver con su origen humilde. Antes de viajar a España Morín vivía en el humilde barrio de Trujillo en Lima. Su patrimonio actual, fraguado gracias a terminar con la vida de neonatos, podría calificarse de pequeña fortuna ya que los agentes inmobiliarios tasan su casa en 4,2 millones de euros. A su caserón, con jacuzzi, piscina y un amplio jardín, hay que añadir sus coches de lujo, entre ellos un Ferrari. Las chicas que pasaban por sus manos le pagaban en dinero negro, por lo que las auditorías nunca revelaban la verdadera cuantía que movía el peruano y su esposa, María Luisa, que pasó de ser su paciente a su mayor apoyo.
Hoy, la jueza que instruye el caso concluye que las clínicas Ginemedex, TCB y CBMMC practicaban el aborto con la asistencia de cinco ginecólogos, tres anestesistas y dos psiquiatras que trabajaban en las clínicas para «dar apariencia de legalidad con sus supuestos informes psiquiátricos», como refleja la investigación de la jueza Elisabeta Castelló, la instructora del caso. No sólo se juzga al dueño de las clínicas de abortos ilegales. A este cargo se añade intrusismo profesional, reunión ilícita y falsedad documental. Este punto es una de las novedades que aporta la investigación de la jueza de Barcelona, ya que refleja que numerosos documentos que atestiguaban problemas psicológicos eran falsos. Están en blanco, «muchos de ellos están sin firmar», asegura Pérez Roldán.
La jueza ha dado diez días a la acusación particular –E Cristians, el Colegio de Abogados de Barcelona, el partido Alternativa Española y la asociación Tomás Moro– para presentar sus escritos. Poco tiempo para los cuatro delitos de los que quieren acusar a los 13 imputados en el caso. «Se juzgan 115 abortos ilegales y queremos denunciar a los participantes en estos hechos de cuatro delitos. No sabemos si podremos tener preparado toda la documentación», explica Carlos Pérez Roldán, vicepresidente del Centro Jurídico Tomás Moro. Otro punto clave de la investigación es el papel de las jóvenes que interrumpieron sus embarazos. «Ellas creían que reunían las condiciones para poder interrumpir su gestación, por eso es relevante que la jueza haya decidido no imputarlas y archivar el proceso contra todas ellas», añade el letrado. Las asociaciones pro vida no han ocultado su satisfacción por la decisión. Manuel Cruz, presidete de Fundación Vida, asegura que «nos acerca al realismo que merece el problema del aborto». Desde Red Madre, Esperanza Puente pide «que se haga Justicia porque este hombre ha hecho lo que le ha dado la gana durante muchos años con esa indigna profesión. Que lo pague con la cárcel» añade.
A Elisabeta Castelló, la jueza instructora, todavía le quedan asuntos por resolver. En especial la presunta evasión fiscal que abría cometido Morín, porque desviaban «importantes ingresos» a sociedades de Luxemburgo. Por ello, en diciembre de 2008 la magistrada interrogó a jóvenes extranjeras que interrumpieron su embarazo en alguna de las clínicas catalanas de las que el peruano ha obtenido toda su fortuna.
Así eran las trituradoras de la clínica
- El ginecólogo peruano compró tres trituradoras, una de ellas industrial, para deshacerse de los fetos de los abortos practicados, algunos de más de 30 semanas de gestación.
- Una de ellas estaba situada en la clínica TCB. Detrás de la mesa de recepción de las clientas, había una puerta que escondía una pica de lavabo y debajo de ésta estaba situado el triturador industrial. En palabras de Morín, él no compró ninguna trituradora sino que se la encontró instalada al comprar el local.
- Según declaró un testigo protegido, en los casos en que los abortos ilegales terminaban por la noche se metían los fetos en el congelador y se trituraban al día siguiente para no molestar a los vecinos con el ruido de la máquina. El triturador tenía capacidad para 400 kilos por hora, pesa 95 kilos y es utilizado en mataderos y pescaderías.
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