España / DESAFÍO SECESIONISTA El clan de los 400: retrato de la corrupción en Cataluña
Los sindicatos policiales dicen que Pujol les ataca porque está siendo investigado por graves delitos de corrupción.
Aseguran que hay constatación evidente sobre irregularidades fiscales y de trato de favor por parte del entorno del expresidente catalán
Generaciones de políticos, clanes familiares y clubes de amigos se han repartido durante los últimos treinta años el dudoso negocio de la estafa desde la más altas esferas
«Hay unas 400 personas que nos encontramos en todas partes.
Nos vemos coincidiendo en muchas cosas, tanto si somos parientes o no»,
dijo en 2001, mucho antes de que estallara el «caso Palau», el entonces
respetado Félix Millet. Un diagnóstico que se confirma en los últimos
treinta años de historia de Cataluña, plagada de casos de corrupción que
implican a muchos sospechosos habituales, con CiU, al frente de la
Generalitat durante casi toda esta etapa, de gran protagonista. Millet
respondió así, sin ambages, en una reveladora entrevista a dos
periodistas –Pere Cullell y Andreu Farràs– que escribieron el libro «El
oasis catalán». Tras enumerar todas las entidades y empresas donde tenía
cargos –Agrupació Mútua, Bankpyme, el Barça...–a Millet se le inquirió
sobre la recurrencia de los mismos apellidos, de políticos, empresarios e
ilustres de la sociedad civil, en el «who is who» de la historia
reciente de Cataluña, el «leitmotiv» del libro.
ITV, la «nueva generación»
Desde el «caso Banca Catalana», que salpicó en 1984 al
entonces presidente de la Generalitat y cofundador de Convergència,
Jordi Pujol, se ha registrado hasta una veintena de casos de corrupción
en los que se ha involucrado a CiU. Y el relevo generacional, tanto de
cargos políticos dispuestos a servirse de la Administración para sus
negocios y los de su partido, como de empresarios dispuestos al cohecho,
parece asegurado. En el «caso ITV» que aún se investiga, uno de los
hijos de Jordi Pujol, Oriol, secretario general de CDC y diputado en el
Parlament, está implicado y podría ser imputado. Por intentar amañar
concursos de adjudicación de estaciones de inspección técnica de
vehículos, entre otros negocios. Entre sus socios –sí imputados– se
cuentan los empresarios Sergi Alsina (dueño de la consultora Alta
Partners, donde trabaja la esposa de Oriol), y Sergi Pastor. Los
«Sergis» y Oriol son amigos, compañeros de estudios, y comparten
localidad de segunda residencia: Urús, en la Cerdaña.
El clan Pujol
Oriol es el único Pujol «júnior» activo en política, pero
forma parte de un clan —padre, madre y siete hijos— con un currículum
bajo sospecha. Oriol y sus hermanos son miembros de al menos 73 empresas
y en sus trayectorias figuran escándalos. Josep, por ejemplo, fundó la
consultora Europraxis, y su hermano Oriol le encargó informes de dudosa
utilidad cuando éste era secretario de Industria de la Generalitat. Otro
Pujol hijo, Jordi, con negocios, hoteles y propiedades en Latinomérica,
ha sido acusado por su ex pareja de llevar dinero a Andorra para
ingresarlo en cuentas de la familia.
De la Rosa se rebela
El patrimonio de los Pujol y la denuncia de que tienen a
buen recaudo su dinero en paraísos fiscales, como Suiza o Liechtenstein,
ha vuelto a la actualidad tras trascender en plena campaña electoral
catalana el apócrifo borrador atribuido a la Unidad de Delincuencia y
Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF). Un documento que
señala dichas cuentas, como otras cuyo titular era el padre de Artur
Mas, como destino de comisiones por obras públicas. Y a estas
acusaciones se ha sumado Javier de la Rosa, a quien en su día Jordi
Pujol tildó de «empresario ejemplar», y que ha denunciado haber sido
amenazado por querer desvelar las cuentas de los Pujol en el extranjero.
De la Rosa sostiene que los empresarios Carles Vilarrubí —actual
vicepresidente del FC Barcelona, amigo de Pujol y que ostentó varios
cargos durante sus mandatos—, y Carles Sumarroca –con vínculos
empresariales con los Pujol y mencionado en las escuchas del «caso
ITV»–, sabían de estas cuentas. En su día, De la Rosa se jactaba de
haber entregado mucho dinero a Convergència (CDC).
«Caso Palau»
Convergencia de intereses es lo que también asoma en el
«Caso Palau». Millet y su mano derecha, Montull, habrían expoliado hasta
30 millones de euros en sus últimos años al frente del Palau de la
Música. Y CDC se habría beneficiado. A través del Palau, y mediante
empresas interpuestas y la Fundación Trias Fargas (ahora CatDem), CDC se
habría embolsado hasta 6 millones de euros. Era dinero que varias
empresas constructoras abonaban a través de la institución musical para
pagar comisiones por obras públicas. El juez instructor, que imputó a un
ex tesorero de CDC, declaró a Convergència responsable a título
lucrativo. Le exigió una fianza de 3,2 millones. CDC la cubrió, en
parte, con las escrituras del edificio sede del partido, que fue
embargado.
Unió, también
No está embargada la sede del socio de coalición de CDC,
Unió, aunque la formación que lidera Josep Antoni Duran i Lleida, no
tiene un historial sin mancha. Nueve militantes del partido fueron
condenados por desviar fondos del Consorcio de Turismo de la Generalitat
por el «caso Turismo». En 2009, se condenó al ex secretario general de
la formación socialcristiana, Josep Maria Servitje y al empresario
Víctor Manuel Acuña por malversacón de fondos públicos por unos informes
inútiles y copiados, encargados por la Consejería de Trabajo cuando la
encabezaba Ignasi Farreres, absuelto en este causa. A los dos
condenados, el Gobierno del PP les concedió un indulto parcial que les
libró de la cárcel.
A los casos de Turismo y Trabajo se les añade el «caso
Pallerols», de presunto desvío de fondos de subvenciones para cursos de
formación de parados. Comenzará a juzgarse el próximo 7 de enero, y en
él están imputados varios ex cargos de UDC en la Consejería de Trabajo
en los años noventa. Duran i Lleida está citado como testigo. El fiscal
solicita que UDC sea declarada responsable civil subsidiaria y partícipe
a título lucrativo y pide que indemnice a la Generalitat con 1,7
millones de euros.
Pretoria, transversal
CDC y Unió atesoran varios casos de corrupción, pero en
algunos de ellos también se han visto involucrados otros partidos, lo
que abona la tesis del «oasis catalán» y la ley del silencio.
Baste reseñar la derivada del «caso Palau», el «caso Hotel
Palau», por el que será juzgada la antigua cúpula de Urbanismo de
Barcelona, del PSC, o el «caso Pretoria», donde los convergentes Macià
Alavedra o Lluís Prenafeta se mezclan con al ex alcalde de Santa Coloma
de Gramenet, Bartomeu Muñoz (PSC), o el ex diputado socialista Luis
García, «Luigi».
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